Gómez Parodi: «Buscamos promover la formación en derechos humanos de la policía bonaerense»

Por Federico García

Viernes 23 de Abril de 2021 – Según señala en su tesis de maestría la licenciada Adriana Clavijo*, durante el gobierno conservador de Manuel Ángel Fresco en la provincia de Buenos Aires (1936-1940), quien había llegado al gobierno producto del fraude electoral, la policía tenía una imagen mala.

Las publicaciones oficiales y los artículos de opinión de la prensa expresaban un sentimiento colectivo de resentimiento hacia las fuerzas policiales. Entre los motivos, se menciona la falta de formación profesional sumada a la vulnerabilidad de la sociedad frente a los abusos de poder y la persecución ideológica instalada fuertemente en 1930, después de la caída de Irigoyen. (Clavijo, 2010)

Según Clavijo, “el control policial estaba “territorializado”, esto implicaba una relación de reciprocidad e “intercambio de favores”, resultado de ello la policía gozaba de autonomía y protección de los caudillos locales”.

En cuanto a reformas policiales, el historiador Osvaldo Barreneche sostenía que la reforma policial, llevada adelante en la provincia Buenos Aires entre los años 1946 y 1951 por el gobierno de Mercante, quien nombra como jefe de policía al teniente coronel Adolfo Marsillach, fue la más importante ocurrida en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires, desde que ésta se separa de la policía Federal en 1880. (Clavijo, 2010)

Previo a la profesionalización de la fuerza policial en la provincia, Barreneche sostenía que “no parecía importarles la capacitación del personal” a las autoridades, “ya que no había ninguna propuesta de promoción y formación profesional. El único interés era conocer a las personas que se incorporaban a la policía cuidando que no tuvieran antecedentes penales y fundamentalmente que no tuvieran relación con facciones políticas locales”. (Clavijo, 2010)

Toda la reforma del gobernador Domingo Mercante sostuvo, como uno de sus lineamientos centrales, la incorporación de la “doctrina militar”, herramienta que consideraba indispensable para garantizar “orden, autoridad y disciplinamiento”. Dicha reforma institucional de 1946 según Barreneche, dura hasta el año 1998 hasta la gestión de León Arslanián. (Clavijo, 2010)

Otro eje de la reforma estaba centrado en afinar los mecanismos de control social, así como también contenidos relacionados con la moral y ética profesional de raigambre católica con fundamentos doctrinales en Santo Tomás de Aquino. Dichos contenidos y este “adoctrinamiento” continuó durante sucesivos gobiernos. (Clavijo, 2010)

Según Clavijo, en los contextos sociales e institucionales donde se produjeron las reformas policiales, se puede destacar que “la imagen de la policía es cuestionada por casi todos los sectores sociales. Es acusada de corrupción y de abusos de poder”. Por lo que se puede leer, el problema de la formación de la policía en la provincia de Buenos Aires no es algo nuevo.

A todo lo antedicho, hay que agregarle etapa de la dictadura cívico militar, que ocurrió en la Argentina entre los años 1976 y 1983, de la que la policía bonaerense fue un puntal principal, comandada en ese entonces por Ramón Juan Alberto Camps, militar argentino condenado por crímenes de lesa humanidad y destituido de su grado militar.

Cabe destacar que en la provincia de Buenos Aires hubo 254 Centros Clandestinos de Detención, manejados por la Armada, la Policía Federal y la Fuerza Aérea, entre los que se pueden mencionar al “Pozo de Quilmes” (Quilmes), Brigada de Investigaciones de Lanús “El Infierno”, “La Atómica” (Ezeiza), “Pozo de Banfield”(Lomas de Zamora), “Pozo de Arana” (La Plata), entre otros.**

En la búsqueda de una mejor fuerza policial, con más enfoque en la protección de los Derechos Humanos, el diputado provincial del Frente de Todos, Juan Miguel Gómez Parodi, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados bonaerense para que los aspirantes a la Policía de la provincia de Buenos Aires hagan visitas a museos de la memoria y, por lo menos, a un centro de detención clandestina.

El proyecto fue aprobado el martes pasado por la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios de la Legislatura Bonaerense.

-¿De qué se trata el proyecto?

Era una iniciativa del diputado provincial (MC) Miguel Funes. Mi idea fue retomarlo y volver a ponerlo en la discusión. Durante la gestión de Vidal, la Legislatura tuvo muy poco movimiento, entonces muchos proyectos de ese tipo no pudieron avanzar.

La iniciativa tiene como objetivo promover la formación en materia de derechos humanos de los hombres y las mujeres que son parte de la fuerza policial de la provincia de Buenos Aires.

En ese proceso formativo, nos parecía importante que la visita a un Centro Clandestino de Detención permita ser una herramienta para trabajar los ejes relacionados con la temática de los derechos humanos que nos parece una cuestión prioritaria en unas fuerzas de seguridad formadas en el orden democrático.

Se va a trabajar en la Comisión de Derechos Humanos para ampliar los lugares de visita porque se fueron incorporando nuevos espacios de la memoria.

-¿Qué le parece la actual formación policial en materia de derechos humanos?

Es evidente que es una materia pendiente en la fuerza bonaerense pero también en la mayoría de las fuerzas del país, que ha sido un tema que la democracia no ha logrado saldar. Hay casos emblemáticos, estamos a 37 años de la Masacre de Bunge***. A partir de ahí se abrió un escenario que, lamentablemente, fue una constante en la democracia.

Me parece que la salida es seguir trabajando en iniciativas de éstas características, seguir incorporando instancias de formación y, al mismo tiempo, tener políticas públicas que no sean indulgentes con aquellos efectivos de las fuerzas de seguridad que violan los derechos humanos, que se apartan de los deberes y funciones que les otorgó la ciudadanía y cometen delitos, me parece que es importante que desde la política y desde todos los ámbitos de gobierno se tenga una posición firme en ese sentido, se condene, se investigue, se culpe a los responsables y no se los ampare.

Ha sido una constante en la democracia la situación de violencia institucional pero en los momentos donde, desde el Estado, se ha promovido y se ha tenido una posición de defensa de los hechos de violencia institucional, la situación se ha recrudecido.

-¿Han tenido oportunidad de charlar sobre el proyecto con organismo de derechos humanos?

Si, tuve la posibilidad de charlarlo con el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Marias Moreno, con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia, Roxana López, en una reunión que tuvimos hace algunos meses y encontramos el apoyo por parte del ejecutivo.

Sabemos que el ejecutivo, y en particular la gestión del subsecretario de Derechos Humanos, tiene una vinculación muy fuerte con los organismos de derechos humanos, tiene un trabajo muy cotidiano y entendemos que hay un apoyo para poder avanzar.

-¿Cómo está viendo la gestión del subsecretario de Derechos Humanos Matias Moreno?

Me parece una gestión muy comprometida, con mucha presencia en el territorio y en lugares de conflicto. Pude constatar, hablando con otros espacios, cómo la gestión de Derechos Humanos hoy no es sólo una gestión declarativa de foros, de debates, sino que tiene presencia en el territorio, tiene una presencia importante en los penales de la provincia de Buenos Aires en una vinculación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en situaciones de violencia institucional.

Creo que el subsecretario de Derechos Humanos que hoy tiene la provincia es un subsecretario que actúa en el territorio, que acompaña a las víctimas, que denuncia los hechos donde se violan los derechos humanos, incluso planteando discusiones y debates en esa materia dentro del gobierno provincial.

-En el caso que se apruebe, ¿empezaría a regir el próximo año?

Entiendo que sí, necesitamos que se vote en la Cámara de Diputados, después tendrá que votarse en el Senado y, reglamentariamente, implementarse en la formación de los cadetes de la provincia.

*Tesis para obtener la Maestria en Derechos Humanos (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata)“Derechos Humanos y formación policial. Las concepciones de derechos humanos vigentes en la formación de la policía de la provincia de Buenos Aires”

** Listado de centros clandestinos de detención y otros lugares de reclusión ilegal del terrorismo de Estado en la Argentina entre 1974 y 1983 (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación)

***El 8 de mayo de 1987 personal de la policía bonaerense asesinó a los jóvenes Agustín Olivera (26), Oscar Aredes (19), y Roberto Argañaraz (24), en la esquina de Guaminí y Figueredo de la localidad de Ingeniero Budge, en la que se encontraban tomando una cerveza. A partir de ese momento se desató una movilización de amigos y vecinos que acompañaron a los familiares de las víctimas, quienes posteriormente impulsaron el camino para esclarecer los hechos. La masacre de Budge es conocida como el primer caso de “gatillo fácil”.