Notas de la Semana: Entre la pandemia, la economía y las políticas ambientales

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Por Aldo Hernando

Domingo 16 de Agosto de 2020 – La provincia de Buenos Aires atraviesa la peor etapa de la pandemia del Coronavirus. Los casos no sólo están creciendo en el Área Metroplitana de Buenos Aires (AMBA) sino también en gran parte de la provincia. La situación en los hospitales por ahora está controlada pero las autoridades temen que, con este nivel de contagios, puedan llegar a colapsar.

En este contexto, el gobernador, Axel Kicillof, participó de la habitual conferencia con el presidente, Alberto Fernández, y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, y anunciaron que la cuarentena (aunque según el presidente ya no estamos en ella) continúa hasta el 30 de agosto.

Al mismo tiempo, la situación económica oscila entre el lento crecimiento de ciertos sectores y la crítica situación de otros. El gobierno nacional, buscando reactivar la economía, anunció el PROCREAR y obra pública en las provincias. El gobierno bonaerense también lanzó el Programa Preservar Trabajo para ayudar a los sectores más perjudicados por la crisis y comienza a pensar en la pospandemia. En ese sentido, y tras arduas negociaciones con la oposición enrolada en Juntos por el Cambio, logró aprobar un paquete de endeudamiento para pago a proveedores y obra pública.

La relación del ejecutivo provincial con parte de la oposición, la que está en la Legislatura Bonaerense, no pasa por su mejor momento. Remarcan desde el gobierno que hay buen diálogo, y de hecho fueron claves para la aprobación por el endeudamiento, con los intendentes de Juntos por el Cambio. Marcan la diferencia entre la oposición que gobierna y la que no. Con los primeros se llevan bien, a los otros los acusan de poner palos en la rueda.

Kicillof parece olvidarse de cómo fue el kirchnerismo desde el día uno de la asunción de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. De todas formas, es momento de comenzar a dialogar más que confrontar y entender que en democracia a veces te toca estar en el ejecutivo y otras en legislativo, y cada cual tiene un rol que debe cumplir, y se supone que ambos quieren mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas.

Entre otras cuestiones, el viernes se conoció un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirma un veredicto del Supremo bonaerense del 2015 y obliga a la empresa de mayoría estatal Aguas Bonaereses SA a devolverle a los usuarios una suma de $1800 millones por los aumentos pagados durante todo el año 2012 (durante la gestión de Daniel Scioli) sin audiencia pública. El fallo original había sido dictado por el desplazado juez contencioso administrativo, Luis Arias, quien había ordenado la suspensión del aumento y la devolución de lo pagado hasta entonces.

El fallo no viene en el mejor momento para el gobierno bonaerense ni tampoco para sus deterioradas cuentas públicas. A eso también hay que sumarle el pedido de partitarias que están haciendo los estatales enrolados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y los médicos enrolados en CICOP.

Otro de los temas importantes y urgentes, y que esta semana tuvo novedades, es la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Apareció la foto de su DNI en el celular de una de las policías sospechadas. Otra prueba del posible involucramiento de la Policía Bonaerense. Sergio Berni y Axel Kicillof no dijeron nada sobre el hecho. El primero parece más dispuesto a mostrarse como el Rambo argentino que por ponerse a disposición de la familia para que aparezca Facundo.

Política partidaria

Entrando en el terreno de lo electoral, quien no disimula sus intenciones de ser el próximo gobernador es Jorge Macri, quien pasa de un Zoom a otro cuando sus obligaciones como intendente lo dejan. Esta semana aprovechó para pegarle a un posible competidor suyo dentro de la interna de PRO, Cristian Ritondo, cuando señaló que la inseguridad es más baja que años anteriores. Pero no sólo dentro del PRO hay internas sino también en el radicalismo bonaerense.

En la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires la disputa se da entre el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados provincial, Maximiliano Abad. Al segundo se lo ve más activo y es más entendible porque no tiene responsabilidades de gestión. Pero habrá que ver que pasa en las elecciones. Esta semana apoyaron a Abad el ex candidato a presidente Ernesto Sanz y el jefe de la bancada de senadores nacionales de Juntos por el Cambio Luis Naidenoff. Dos apoyos importantes.

Otra cuestión para destacar de ésta semana, y del último tiempo, es el tema ambiental. Ésta semana el Senado de la Nación le dio media sanción al Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional que establece garantías sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

El Acuerdo de Escazú se origina como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20), realizada en 2012, y la Decisión de Santiago adoptada en 2014 por 24 países. Desde ese momento se realizó un proceso de negociación entre los 24 países interesados, a través de una comisión copresidida por las delegaciones de Chile y Costa Rica. Tras cuatro años de negociaciones, el Acuerdo Regional fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú.

En este sentido, desde la provincia de Buenos Aires es necesario abrir un debate sobre el rol que lleva adelante el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), sus objetivos y resultados desde su creación, resaltando que esta semana la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Rios la creación de un Comité de Emergencia Ambiental para abordar los incendios en el Delta del Paraná. Urge que las cuestiones ambientales comiencen a estar más en la agenda política.

El modelo de desarrollo que tenemos debe ser repensado. La meta debería ser un desarrollo sostenible, que vaya junto a la naturaleza y no contra ella. Y también un modelo más participativo. Las audiencias públicas y los estudios de impacto ambiental deben ser transparentes e intachables. La provincia de Buenos Aires debe encarar un debate sobre el modelo agropecuario e industrial que no dañe al ambiente ni a las personas que vivimos en él.

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