Liberaron a los manifestantes detenidos en Andalgalá

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Foto: Asamblea El Algarrobo

Lunes 26 de Abril de 2021 – Después de catorce días en prisión, habiéndose vencido los plazos y sin pruebas para pedir la prisión preventiva, la fiscal Marta Nieva firmó un decreto de liberación bajo caución de $300.000 por cada uno de los ambientalistas detenidos en la localidad de Andalgalá, provincia de Catamarca, quienes están acusados de haber quemado la sede de la minera Yamana Gold y del Partido Justicialista local durante una manifestación callejera.

A las 14 hs pudieron salir de la comisaría Matías Paz, Walter Mansilla, Jorge Ramos, Eduardo Villagra, Enzo Brizuela, Augusto Brizuela y Damian Abel, quienes seguirán vinculados a las causas judiciales al igual que Aldo Flores, Sara Fernández y Ailen Diamante Saracho que se encuentran en arresto domiciliario.

Desde la Asamblea El Algarrobo, señalaron que «nuestra lucha continúa hasta que no haya ningún compañerx más judicializadx por defender el agua de nuestra cuenca. Los incidentes en las oficinas de Agua Rica no fueron meros actos de vandalismo como pretenden hacernos creer«.

«Hay que inscribirlos dentro del contexto de lucha histórica de un pueblo que ya se ha cansado de decir NO, y que no lo escuchen. Quieren mostrarnos como violentos cuando desde la misma empresa en complicidad con el poder de turno fueron preparando el escenario para tal suceso», agregaron desde la Asamblea en un comunicado difundido por redes sociales.

Desde la Asamblea El Algarrobo denunciaron a «Eco-conciencia (o inconsciencia) y algunos nefastos personajes ligados a esa institución», y señalaron que «nombraron a muchxs de nosotrxs en sus impresentables “mesas de diálogo”, en la que solamente hacen lobby minero de forma descarada. Haciendo cartel de una supuesta intelectualidad, nos llaman anonistas prosopianos».

«Nosotrxs SOMOS EL ALGARROBO. Fuerte en las raíces y en las ramas, somos alimento de esta lucha histórica, somos monte y río. Y reconocemos las plagas apenas se acercan. Luego armaron un escenario patético, donde un personaje ligado a la empresa minera atropelló a dos compañerxs, unx de ellos hoy recién liberado. Literalmente se lo llevó sobre el capot 30 metros y luego quiso pegarle», manifestaron desde la Asamblea.

Según denunciaron desde la Asamblea El Algarrobo «militarizaron la ciudad, trajeron al grupo de choque kuntur para amedrentar a todo el pueblo. Estacionaron camionetas de la policía sin patente en las puertas de nuestras casas hasta la madrugada, indagaron a nuestrxs vecinxs… . Y aún así quieren instalar que nosotrxs somos lxs violentxs???».

«Pasaron las máquinas perforadoras a espaldas del pueblo, metieron infiltrados y liberaron la zona el 10 de abril. Al día siguiente la fiscal minera Soledad Rodríguez presentó una cantidad insostenible de órdenes de allanamiento y detención, rápidamente salieron a cazar a algunxs vecinxs, pero eso sí, todavía no hay responsables por la brutal represión del 2010, donde balearon y golpearon a niñxs, mujeres, personas grandes», denunciaron en el comunicado.

«No se les ocurrió actuar de oficio frente a las amenazas de muerte que suben a Facebook los mismos personajes de siempre, eso que sí entran por una puerta y salen por la otra. Lo que pasa es que donde hay minería hay supresión del estado de derecho, donde hay megaminería hay represión, hay persecución, hay apriete a las y los asambleístas», manifestaron los militantes ambientalistas.

«Entonces, ¿están en condiciones de hablar de violencia contra la comunidad y sus bienes comunes? ¿Qué vuelta de tuerca pretende dar Jalil (Raúl, el gobernador de Catramarca) frente a las manifestaciones masivas en contra de su proyecto de muerte? ¿No le resulta ya evidente que no hay forma de obtener la licencia social?», se preguntaron desde la Asamblea.

«Tuvieron que apretar a 12 vecinxs, mantenerlos en prisión, cometer apremios ilegales, violar sus derechos humanos, hostigar al resto de lxs asambleístas con métodos de la época de la dictadura, y aún así, NO PUEDE OBTENER LA LICENCIA SOCIAL. Queremos recordarle a toda la clase dirigente – y a la comunidad en su totalidad – que existe el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que, entre otras cosas, pretende favorecer el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como proteger y dar seguridad a los defensores ambientales. Y en Andalgalá, claramente lo están violándolo de forma sistemática», denunciaron los asambleístas.

«Les pedimos una vez más que hagan valer nuestros derechos: Artículo 41 de la Constitución Nacional, ley de bosques nativos, ley de glaciares, ley general del ambiente, la medida cautelar del juez Cecenarro, nuestra ordenanza municipal 029/16», enumeraron los integrantes de la Asamblea.

«Hagan valer el derecho a la autodeterminación de los pueblos en lugar de gastar tiempo y energía en criminalizar a quienes vivimos en este territorio, heredero del gran Chelemín, que supo movilizar a todas las parcialidades de la región cuando el territorio estuvo en peligro, sembrando lazos, alianzas para resistir al embate del colonialismo. Sean consecuentes, y como él, defiendan esta región en lugar de venderla», finalizaron desde la Asamblea El Algarrobo.

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