Denunciaron por violencia laboral a la titular del Juzgado de Ejecución N°1 de Mercedes Marcela Otermin

Jueves 30 de Diciembre de 2021 – La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y la Comisión Provincial por la Memoria hicieron pública la denuncia por violencia laboral efectuada por la entidad sindical contra la titular del Juzgado de Ejecución N°1 de Mercedes Marcela Otermin.

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«En la denuncia se describieron diversas irregularidades que ponen en riesgo el control de legalidad del cumplimiento de la pena impuesta a personas privadas de la libertad», denunciaron.

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La actuación de Otermin fue abordada por la Secretaría de Personal, la Subsecretaría de Control de Gestión, la Dirección General de Sanidad y la Dirección de Resolución de Conflictos de la Suprema Corte de Justicia.

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Por su parte, la magistrada se encuentra imputada en la IPP N°2915 en trámite ante la Unidad Fiscal Especializada en delitos de Corrupción de Dolores por la presunta comisión de los delitos de falsificación ideológica de instrumentos público agravada por la calidad de funcionaria pública en concurso real, en el marco de la causa iniciada en 2016 por la evasión de prisión de los hermanos Lanatta, cuya persecución y posterior captura en la provincia de Santa Fe  motivó el reciente pedido de juicio político realizado por la Procuración General bonaerense.

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«En el ámbito estrictamente laboral, la actuación de la jueza requiere una investigación en los términos de la ley 13.168 -violencia laboral-. La solución de Otermín para contrarrestar las deficiencias estructurales del fuero de Ejecución Penal ha sido organizar el trabajo interno del juzgado realizando una delegación sistemática de sus funciones mediante una asignación personalizada del despacho de expedientes a las y los empleados y funcionarios del juzgado, sin criterios jurídicos y administrativos razonables», alegaron los denunciantes.

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«La descalificación permanente, el destrato funcional y el maltrato personal han traído como consecuencia el cambio de sitio de labor de 29 personas, de las cuales 18 han invocado razones de salud pertinentemente convalidadas por la Dirección General de Sanidad», sostuvieron desde la AJB y la Comisión Provincial por la Memoria.

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Según los denunciantes, ha tratado a las y los funcionarios “de cobardes y perversos” por su desempeño con el juez que la subrogaba mientras estuvo de licencia y «ordenó que oficios dirigidos a una funcionaria de la Defensa Pública la mencionaran como la de menor jerarquía de la Defensoría Oficial…”.

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Además, mencionaron que la jueza tildó de “delincuentes de cuello blanco” a empleados y empleadas que usaban la fotocopiadora para la obtención de copias de expedientes necesarias para el trámite de los mismos y envió causas para su despacho a una empleada que gozaba de una licencia por maternidad.

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«En su función como magistrada, Otermin hacía constar su presencia en actas de audiencias a las cuales no asistía, demoraba en revisar los proyectos de resolución de libertades de entre veinte días o un mes, y en varios casos hasta dos o cinco meses», se manifestó en la denuncia.

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«También ordenaba no remitir injustificadamente las causas en vista al Fiscal para demorar el dictado de resoluciones en situaciones procesales que a priori ameritaban otorgar los beneficios contemplados en la ley de ejecución penal. Demora que se reflejó también en la firma de resoluciones con fecha antedatada», agregaron.

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Según Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, dichas prácticas son “violatorias de los más elementales derechos humanos de las personas privadas de la libertad”.

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Finalmente, tanto el secretario gremial de la AJB Agustín García como el secretario de Derechos Humanos Mariano Fernández, coincidieron en «la necesidad de erradicar la violencia laboral de las dependencias judiciales» y exigieron «la rápida instrucción del sumario disciplinario por parte de la Subsecretaría de Control Disciplinario».

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Finalmente, «exigieron que la Suprema Corte disponga la licencia compulsiva de Marcela Otermín y remita las actuaciones al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios para promover su destitución por violencia laboral y mal desempeño».