Escándalo en La Plata: Denuncian en la justicia otro posible Vacunatorio Vip
Jueves 20 de Mayo de 2021 – La ciudadana platense Marta Correa, con el patrocinio del abogado Marcelo Garófalo, realizó una denuncia en la justicia penal platense para que se investigue la posible existencia de un Vacunatorio “VIP” en el bloque de concejales del Frente de Todos de La Plata.
La denuncia tuvo origen en las declaraciones de la concejal Ana Herran, quien habría admitido, durante la sesión de ayer del Concejo Deliberante, que «la mayoría de ellos se habían vacunado en diciembre último», cuando por esa fecha sólo se proveían vacunas para médicos y demás integrantes del sistema de salud.
La denunciante manifestó la posible comisión “prima facie” de los delitos previstos en los artículos 248, 261 y 293 del Código Penal que configuran los de “omisión de los deberes del funcionario público”, “peculado” y “falsedad ideológica» entre otras tipificaciones, cuyas penas prevén entre un mínimo de un mes a 10 años de prisión y hasta inhabilitación perpetua para ejercer cargo públicos.
“La afirmación, de confirmarse, podría implicar que varias personas se habrían inoculado ilegalmente dosis de las vacunas adquiridas por el Estado Nacional, transgrediendo el Plan Estratégico de Vacunación implementado en la Resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación”, aseguro la denunciante.
En la misma línea, en la denuncia se hace referencia que la concejal “habría ofrecido a los periodistas un certificado de vacunación, de donde surgiría que recibió las dos dosis de la vacuna (la primera el 13.04.2021 y la segunda el 12.05.2021)”.
Según la denuncia, dicha acción “podría implicar asimismo una transgresión a la ley penal, en tanto es de público y notorio las dificultades que tiene nuestro país y sus habitantes para que accedan a la segunda dosis, que en este caso se habría aplicado con menos de un mes de diferencia, y que actualmente todavía miles de adultos mayores de 70 y 80 años pudieron acceder a la misma”.
Por último, aseveraron los denunciantes que “lo expuesto, en el marco de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el coronavirus (SARS-CoV-2) y la enfermedad que provoca, la COVID-19, podría ser una conducta no solo reprochable jurídicamente sino moralmente, especialmente para aquellos que esperan la aplicación de la vacuna, el personal de salud, de seguridad, los adultos mayores y el universo de sectores priorizados para el estado para ser inoculados”.
De admitirse la denuncia, corresponde al agente fiscal la investigación de la presunta comisión de delitos y la determinación de sus probables autores.