Vecinos de Ayacucho se oponen a un proyecto que habilitaría la fumigación con agroquímicos a 25 mts de las escuelas rurales

Por Federico García

Lunes 23 de Noviembre de 2020 – En estos días, el Concejo Deliberante de Ayacucho tratará un proyecto de ordenanza para regular el uso de agroquímicos en los campos, presentado por el Círculo de Ingenieros Agrónomos de la localidad. Desde la Asociación Civil por la Agroecología y el Buen Vivir de Ayacucho sostienen que “incumple con las normativas nacionales y provinciales y limita la exclusión para el uso de agrotóxicos a 25 metros de zonas pobladas y de escuelas rurales”.

En ese sentido, están invitando a una charla abierta éste lunes 23 de noviembre a las 20 hs, con el Ingeniero Químico Marcos Tomasoni, por la plataforma Google Meet. El link está disponible en la página de Instagram @agroecologia.ayacucho

Eugenia Bordagaray, integrante de la Asociación Civil por la Agroecología y el Buen Vivir de Ayacucho, señaló que “este es un proyecto de ordenanza que se presentó hace quince días por el Círculo de Ingenieros Agrónomos de Ayacucho y tiene el aval de la Federación Agraria y de CARBAP”.

“Para que un proyecto ingrese a una comisión del Concejo Deliberante tiene que tener una firma de la secretaría o la presidencia que, en el caso de Ayacucho, es del Acuerdo Cívico. Para que se acelere el proceso de votación, que implica que mañana si ellos quieren puede salir un dictámen de comisión favorable y se apruebe el jueves, tiene que estar el apoyo de alguno de los bloques”, agregó Bordagaray sobre el mecanismo para que un proyecto se trate en el órgano legislativo municipal.

“Se venía trabajando entre concejales y distintas instituciones, y rápidamente, sin demasiada consulta pública, estamos frente a un posible proyecto de ordenanza que por supuesto no tiene licencia social pero que tendría el apoyo del Acuerdo Cívico. Parecería ser que intentan que todo esto sea rápido y que el jueves (en la última sesión ordinaria del año) tengamos una ordenanza”, manifestó Bordagaray.

-El objetivo del proyecto es establecer un límite para la fumigación dentro del Partido de Ayacucho

No sólo eso. En Ayacucho no hay una ordenanza que regule el uso de agroquímicos, que regule los espacios de guardado, cómo se comercializa, la circulación de los “mosquitos” y todo lo que son las másquinas agropecuarias que se utilizan para estas cuestiones. Hay proyectos de ordenanza que están más en sintonía con la jurisprudencia hasta el momento, con las normativas nacionales y provinciales y con algunas ordenanzas en otros distritos, que han sido presentadas y no han llegado nunca a comisión.

En concreto, esta ordenanza se basa en el concepto de “buenas prácticas agrícolas”, cuando el ex ministro (de Agroindustria) Sarquis intentó regular el uso de agroquímicos poniendo en manos de los ingenieros agrónomos la decisión incluso de poder usar vuelos para fumigar. Esa regulación fue rápidamente derogada, en Ayacucho duró una semana y los mismos vecinos salieron a denunciar la utilización de aviones en el distrito. No sólo pasó en Ayacucho sino en varios pueblos y fue la provincia la que dio de baja esa resolución.

En Argentina no existe una ley de agroquímicos, la única regulación que existe para la provincia de Buenos Aires es de los años 1988 y 1991, que indica muy poquito, y en base a los conocimientos de esa época, cómo habría que manipular los agroquimicos.

Posteriormente, Argentina tuvo la Ley Nacional de Ambiente, la Ley Provincial de Ambiente y, a partir de ahí, nosotros, como un montón de movimientos que se están formando en los pueblos, entendemos que una ordenanza como la que se está intentando aprobar, que habilitaría la fumigación a 25 metros de los lotes de las escuelas rurales y de los poblados rurales, estaría violando los principios básicos de dichas leyes que son posteriores a las regulaciones del ’88 y ’91, que son en las que se basa la ordenanza presentada por el Círculo de Ingenieros Agrónomos de Ayacucho.

Por esto entendemos que es anticonstitucional y que no reconoce derechos adquiridos por distintas leyes en el transcurso de los treinta años luego de esas dos resoluciones.

Lo más alarmante es lo de los 25 metros de límite de los predios de las escuelas y los pueblos rurales pero después especulan con los 100 metros que le siguen, que son los que le llaman la zona de amortiguamiento, donde un ingeniero agrónomo, con su concepto profesional y la firma de un funcionario municipal, podría usar esa zona de amortigumiento para seguir usando agroquímicos.

La ordenanza tampoco habla de como va a ejercer el municipio el poder de policía que va a pasar a tener. Hasta ahora no hay nada, la única herramienta que tiene el pueblo hoy es presentar denuncias a la justicia interponiendo un resguardo en términos constitucionales. Un “mosquito” está fumigando al lado de mi propiedad, yo tengo el derecho por la ley nacional y provincial de que esto no debería estar pasando. ¿Qué habilitaría una ordenanza como esta? Cualquiera podría fumigar reglamentariamente, violando todos los principios constitucionales pero con el aval de esta ordenanza.

Por eso nos parece que es un retroceso, porque dejaría a los vecinos sin un amparo legal posible,¿quien controla?, no está contemplado. Lo más grave es que una ordenanza como esta estaría habilitando a que desde el día uno se fumigue sin control, sin posibilidad de los vecinos de defenderse. Creemos que una ordenanza como esta no sirve bajo ninguna circunstancia, se están olvidando de establecer el control de polícia y el financiamiento para sostener ese control. El bloque del Frente de Todos no está dispuesto a discutir eso tampoco. Por eso nos parece a nosotros como Asociación que hay que llevar la discusión mucho más a fondo, amparándonos en la jurisprudencia y en todo el aval científico que se ha venido trabajando en los últimos años.

Acaban de llamar por redes sociales a una especie de consulta popular mañana a las 18 hs, nosotros no creemos que eso tenga incidencia. Imaginate que el pueblo puede decir “no estamos de acuerdo” y el Círculo de Ingenieros Agrónomos responderle “¿en base a que situación técnica?”, significaria desnudar al pueblo y dejarlo en evidencia, y nos parece que todo esto va en detrimento de una construcción democrática de la política local, fundamentalmente amparándonos en la Ley Nacional del Ambiente que dice que cualquier proyecto de ley, ordenanza o acción del poder ejecutivo nacional, provincial o municipal tiene que necesariamente hacer una consulta pública y, más allá de que los que decidan sean los legisladores, si hay una decisión opuesta a la que tomó el pueblo en asamblea, dar una explicación.

Todo eso no pasó. Están exponiendo al pueblo a que, frente a un proyecto casi cerrado, tenga que explicar sus fundamentos de porque no está de acuerdo, olvidándose de que la discusión sobre el uso de agroquímicos es un tema de salud pública, legal y ambiental. No puede no consultarse a todos los actores y a quienes tienen más injerencia en estas cuestiones,por ejemplo el sector educativo, la Secretaría de Salud del municipio, nadie fue invitado a participar, y a nosotros como Asociación Civil que entiende de estos temas también nos gustaría participar, porque lo otro que nos plantean es que presentemos una ordenanza y creemos que no nos corresponde, que seria pisotear el derecho adquirido de poder construir una ordenanza entre todos los sectores del pueblo que quieran participar.

-¿Tienen un proyecto alternativo para presentar?

Habría muchas posibilidades de presentar una ordenanza con asesoramiento científico y legal pero no creemos que ese sea el camino, creemos que hay que construir el consenso para esa ordenanza, no creemos que tengamos la potestad de decirle al Ejecutivo y a todo el pueblo sobre como hay que hacer las cosas. Nosotros entendemos que, frente a los casos que está llevando adelante la justicia de la provincia de Buenos Aires, que indican que los 1095 metros son la mínima para plantear una zona de resguardo, como Asociación pensaríamos eso pero después hay que pensar quien controla y cómo lo hace.

El secretario de Producción no tiene ningún asesor legal ni un ingeniero agrónomo asesorando, ni tampoco hay un organismo de control, entonces nos parece que tiene que ser un debate profundo y hay que tocar la estructura de funcionamiento municipal. Por eso no creemos que tenemos la potestad de decir que es lo que tendría que tener esa ordenanza.

De mínima, creemos que tiene que haber una adecuación a la Constitución Nacional, a la Ley Nacional de Ambiente y a la Ley Provincial de Ambiente, a otras normativas que tienen que ver con el uso de sustancias químicas, con la gestión de residuos peligrosos, que ya está reglamentado en la provincia. Cualquier ordenanza que salga debe adscribir a estas normativas.

-¿Cómo se encuentra el distrito de Ayacucho con respecto a las fumigaciones?

Acá hay fumigaciones permanentes. La principal actividad en Ayacucho es la ganadería pero hay algunas zonas puntuales en las que hay trigo y maíz, depende la época del año. Lo que está pasando es que los vecinos se paran cuerpo a cuerpo frente a un “mosquito” y queda en una cuestión personal, y otros vecinos deciden hacer presentaciones en la justicia, pero no hay ninguna ordenanza que lo regule.

Uno puede interponer un amparo en la justicia diciendo que no se está respetando el principio precautorio. El único antecedente que tenemos es que vecinos denunciaron al propietario de un “mosquito” que usaba el agua de red y que, a su vez, dejaba correr el agua contaminada en el cordón de la vereda, y la justicia le impuso una multa. Las únicas denuncias que se presentan son en Inspección General, el único organismo municipal que existe para denunciar algo, pero no pasa nada porque no hay ninguna regulación.

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