Chaco Salteño: De la «tierra vacía» a la extensión de la frontera agropecuaria

Fuente: Greenpeace

Por Federico García

Miércoles 30 de Septiembre de 2020 – Desde fines del siglo XX, en Argentina se consolidó un modelo de desarrollo agropecuario que ha implicado crecientes impactos ambientales, sociales y sanitarios. En el caso de la provincia de Salta la frontera agropecuaria ha avanzado sobre territorios que se constituyen en espacios de vida de poblaciones indígenas y campesinas, históricamente signadas por procesos de subalternización y situaciones de profunda injusticia ambiental y social. (Mariana Schmidt, Folia Histórica del Nordeste)

Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el país pasó de tener una superficie implantada con soja inferior al millón de hectáreas hacia finales de la década de 1970 hasta alcanzar las 20.000.000 de hectáreas en la campaña 2012/13.

Entre las principales consecuencias pueden señalarse los impactos ambientales de la deforestación a gran escala, la destrucción de la biodiversidad, la fragmentación y pérdida de conectividad de paisajes, la reducción en la provisión de servicios ecosistémicos.

El 28 de septiembre de 2007 el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Presupuestos Minimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26331), que regula el uso de los bosques nativos y tiene como objetivos disminuir la deforestación en Argentina, la conservación de los bosques nativos, la regulación y gestión responsable del uso forestal y la promoción del manejo sostenible de los bosques. Para lograr estos objetivos, se creó un fondo fiduciario destinado a la conservación y promoción de manejo responsable de los bosques bajo un modelo de pago por servicios ambientales.

El trabajo académico “(In)justicias ambientales, territoriales y socio-sanitarias en el Chaco salteño, Argentina” (Folia Histórica del Nordeste) se publicó en el año 2019 y fue parte de la tesis de doctorado en Ciencias Sociales de Mariana Schmidt, investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA).

El Chaco Salteño abarca los departamentos del este de la provincia de Salta (San Martin, Rivadavia, Anta y Orán principalmente), las provincias de Chaco, Formosa, noroeste de Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero, y el norte de Santa Fe. Es la región boscosa más extensa después del Amazonas. También abarca zonas de Paraguay y Bolivia. Los ríos Pilcomayo y Bermejo dividen esta región en tres subregiones: Chaco Boreal, Chaco Central y Chaco Austral.

Con respecto a éste trabajo, Schmidt señaló a Red Baires que “estaba pensando en trabajar sobre el proceso de ordenamiento territorial de bosques nativos en la provincia de Salta que se inició en el año 2008, entendiendo que es una política que no venía a implementarse sobre un espacio vacío en el cual no hay conflictos ni disputas, sino que tenía que ser una reconstrucción en clave histórica para poder entender cómo se fue configurando ese territorio, tanto a nivel provincial como regional, y entender los distintos discursos hegemónicos y contrahegemónicos en torno al ambiente y al territorio del Chaco salteño y sus poblaciones que históricamente lo habitaron”.

Los departamentos del este de la provincia de Salta (los que corresponden al Chaco Salteño) son territorios en los que, hasta avanzado el siglo XIX o XX, no se habían consolidado tanto las fronteras económicas o estatales sino que era más bien un territorio habitado por comunidades indígenas y las primeras poblaciones campesinas o criollas que se fueron instalando.

El objetivo del trabajo de Mariana Schmidt fue «pensar en las sucesivas injusticias ambientales, sanitarias, territoriales que se van superponiendo a lo largo de la historia en esta región, principalmente por ser una zona de desigualdad social, de falta de acceso a los servicios de salud, hogares con necesidades básicas insatisfechas”.

El trabajo da cuenta también de una construcción hegemónica sobre este territorio por parte de distintos actores, tanto institucionales como científicos y religiosos, desde inicios de la época colonial en adelante.

“Es un territorio que fue, lenta pero progresivamente, explorado por distintas expediciones tanto militares como religiosas y científicas, y en esos informes de dichas expediciones se puede reconstruir distintas concepciones sobre como se concebía ese territorio del Chaco Salteño, es muy frecuente esta idea de que se trataba de un desierto, igual de lo que sucedía en la región patagónica, pero no tan asociado en términos ambientales sino un desierto en términos del avance de la modernidad de la civilización occidental, se estaba pensando en un desierto más social que ambiental”, argumentó Schmidt.

Se fue construyendo esta idea de que era un territorio vacío, que era un espacio en el cual la sociedad moderna, el Estado Nación y los distintos emprendimientos capitalistas tenían que avanzar para traer el desarrollo y la modernización a esos espacios, y esa idea de “territorio vacío” en cierto modo se trasladaba a las poblaciones que habitaban esos espacios, mayormente población indígena a la cual se la denomina como población salvaje o atrasada, población que en la mayoría de los casos servía como mano de obra en los emprendimientos que se estaban llevando adelante en la zona, por ejemplo los ingenios azucareros”, manifestó la investigadora y agregó que «son cuestiones que uno puede, en alguna medida, encontrarse en la actualidad o ver cómo se resignifican esas ideas, ese espacio donde todavía no ha llegado el desarrollo, donde no ha llegado la tecnología y la ciencia, principalmente a partir del avance de la frontera agropecuaria en las últimas décadas”.

Con respecto del avance de la frontera agropecuaria, Schmidt señaló que “hay que pensarlo a nivel nacional como un modelo de desarrollo productivo vinculado al agronegocio que empieza a gestarse desde la década del setenta y ochenta a partir de avances tecnológicos en la agricultura que tiene un punto de quiebre en el año 1996 con la autorización de la comercialización de la soja resistente al Glifosato y, a partir de ahí, se puede ver como a nivel nacional la superficie implantada con soja comienza a expandirse y avanza primero desde el núcleo productivo tradicional de la pampa húmeda (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Rios, La Pampa) y cada vez más avanzando hacia el norte argentino”.

En torno a este crecimiento de la frontera agrícola, Schimdt marcó distintas etapas. “Primero fue un reemplazo de ciertos cultivos por la soja, inicialmente se avanzó sobre superficies ya cultivadas, luego también fue avanzando sobre otras actividades rurales como la ganadería u otras tipos de economías regionales, y más cercano al año 2000 es que se da la expansión más grande hacia el norte argentino, en la región chaqueña, en Santiago del Estero, Salta principalmente”.

Éste último avance se dio, remarca la investigadora del CONICET, afectando la biodiversidad del ambiente porque “se avanza sobre superficies de bosques nativos, que no eran espacios vacíos de relaciones sociales sino que eran y son hábitat de la vida cotidiana, individual y comunitaria de las poblaciones originarias y campesinas. Es un modelo agropecuario, tradicionalmente pampeano, que avanza sobre la región no pampeana, que se lo conoce como la “pampeanización del Chaco”.

Pampeanización del Chaco

“Son procesos que avanzan sobre configuraciones sociales y económicas distintas de donde fueron gestadas”, manifestó Schmidt, quien agregó que «estos procesos se montan sobre las injusticias previas y están vinculados a la problemática de la tierra; el acceso, la tenencia y los usos de la tierra en esa región».

Sobre el impacto en las comunidades originarias, la investigadora remarca que «en gran medida no tienen la propiedad de esas tierras y, en un contexto en el que avanzó la frontera agropecuaria sobre estos territorios y se activó el mercado inmobiliario en muchos casos, significó desalojos y el arrinconamiento de muchas poblaciones que se vieron cada vez más desplazadas por estos emprendimientos productivos que cercaban los campos y de ese modo les quitaban el acceso tanto al monte como a los cursos de agua, de donde estas poblaciones se proveen de recurso hídrico, de alimentos, de medicina En su gran mayoría estas poblaciones no tienen infraestructura de redes de acceso al agua».

“Por un lado esto tiene que ver con las consecuencias de este progresivo cercamiento sobre los espacios históricos. Pero con este modelo agropecuario también se agrega, no sólo la restricción en el acceso, sino también lo que tiene que ver con la contaminación de los recursos vinculados principalmente con las fumigaciones con agrotóxicos que se hacen en los campos de cultivo y que afectan tanto a las poblaciones que están asentadas cerca de esos cultivos como también a los animales, a los cursos de agua y por supuesto, a nivel sanitario, en los cuerpos de las poblaciones, que ya se encuentran en muchos casos en situaciones de desnutrición o de malnutrición, de falta de acceso a servicios de salud por distancia y también por problemas de discriminación histórica».

Estos procesos involucra a las provincias de Chaco Formosa, Salta, Santiago del Estero pero también remarcó la investigadora que “cada una tiene sus particularidades y han quedado insertas en procesos provinciales distintos. No es lo mismo la provincia de Salta que lo que sucede en Chaco, una provincia que hasta mediados del siglo XX fue territorio nacional. Si bien hay procesos que son comunes, también hay diferencias al interior de la región”.

-¿Cambió algo con la ley de bosques?

La ley se sancionó en el año 2007 y las provincias de Salta y Santiago del Estero eran las que más deforestación estaban teniendo en el período previo a la sanción de la ley. La provincia de Salta fue una de las primeras en implementar su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y a fines del año 2008 ya había sancionado su ley, y en el 2009 tuvo su mapa en el cual se marcaban las distintas áreas a conservar de acuerdo a esta lógica del «semáforo», que proponía la ley de bosques, de pintar los territorios de bosques con tres colores:

El color rojo para las áreas de protección boscosa, el amarillo para los lugares donde se podían hacer ciertos usos de los recursos y el verde para zonas que podían ser deforestadas para su uso agrícola.

A nivel nacional tuvo sus demoras, recién se logró reglamentar en el año 2009 y, si bien el Fondo de Bosques se empezó a implementar a partir del año 2010 nunca llegó a representar el porcentaje de dinero previsto en la ley. Desde entonces las tasas de deforestación disminuyeron con respecto a las que había en la década del noventa o inicios del 2000, pero no se logró controlar del todo la deforestación ni ha finalizado.

Según informes del último año del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desde hace dos años las tasas de deforestación aumentaron y tiene que ver con diversas cuestiones. Por un lado la continuidad de los desmontes ilegales a pesar de la existencia de la ley. Se han detectado gran cantidad de áreas deforestadas donde estaba prevista la conservación, y también por falta de controles por parte de las provincias.

Por otro lado, la ley de bosques permitió cierto fortalecimiento de las autoridades locales. En cuanto a la creación, en algunos casos, de direcciones de bosques o secretarías, cuando previamente a la ley no existían recursos humanos y materiales destinados a la protección de los bosques. La ley, en cierta medida, permitió ese fortalecimiento institucional.

El debate previo a la ley y la sanción en las distintas provincias de los Ordenamientos Territoriales, permitieron poner en debate público los desmontes y la preservación de estas áreas que deberían ser protegidas. El mismo proceso que vimos con la ley de glaciares o que estamos viviendo con la ley de humedales en el marco de los incendios.

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